Club El Nogal: libertad de expresión del socio y potestad disciplinaria del club

Hechos

Un socio del Club El Nogal, con cerca de veinte años de vinculación, fue suspendido por cinco años mediante decisión de la Junta Directiva del 26 de octubre de 2016, ratificada el 18 de noviembre de ese año. La sanción se basó en una columna publicada en un medio digital y en mensajes difundidos en redes sociales que el club consideró ofensivos para sus socios.

Después, el socio criticó públicamente ese proceso en entrevistas de televisión, en un blog de prensa, en cartas a la Junta y en la contraportada de una novela de su autoría. En febrero de 2017 la Junta Directiva lo destituyó como socio y rechazó el recurso de reposición.

El socio demandó la impugnación de los actos de la Junta. El Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá absolvió al club el 17 de enero de 2020. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa decisión en lo principal el 12 de enero de 2021, limitándose a examinar la legalidad de la sanción frente a las normas internas del club, sin estudiar la libertad de expresión.

El socio acudió a la tutela contra esas providencias. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concedió el amparo el 27 de mayo de 2021, dejó sin efectos el fallo del Tribunal y ordenó decidir de nuevo, examinando la libertad de expresión. La Sala de Casación Laboral confirmó el 23 de junio de 2021, por considerar que no se había analizado la necesidad y proporcionalidad de la sanción. En un incidente de desacato, la Sala Civil anuló un primer fallo de reemplazo, y el 10 de septiembre de 2021 el Tribunal declaró nulas las actas de 2017. La Corte Constitucional seleccionó el expediente para revisión y vinculó al Club El Nogal.

Problema jurídico

1. ¿Incurrieron el Juzgado y el Tribunal en violación directa de la Constitución, defecto sustantivo o desconocimiento del precedente al avalar la destitución del socio, y vulneraron con ello sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de expresión?
2. ¿Cuál es el alcance de la potestad disciplinaria de un club social frente a las expresiones públicas de sus asociados?

Decisión

Según la Relatoría de la Corte Constitucional, la Sala Quinta de Revisión revocó el amparo concedido en las instancias porque no se configuraron los defectos alegados.

La síntesis oficial indica que las autoridades judiciales no incurrieron en defecto por violación directa de la Constitución, ni en defecto sustantivo o por desconocimiento del precedente, y que la destitución constituyó una responsabilidad ulterior razonable y proporcionada.

Fundamentos

El derecho de asociación del artículo 38 de la Constitución comprende la facultad de las asociaciones de darse sus propias reglas y de sancionar su incumplimiento. Según la síntesis oficial, la potestad disciplinaria que la Constitución reconoce a los clubes privados, como manifestación de ese derecho, es amplia pero no absoluta, porque está limitada por la eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

Esa potestad debe ejercerse conforme al debido proceso. La Corte enumeró como garantías la legalidad de la falta y de la sanción, la publicidad, el derecho de defensa, la doble instancia, la presunción de inocencia, la imparcialidad, la prohibición de doble sanción por un mismo hecho, la cosa juzgada y la prohibición de la reformatio in pejus.

En cuanto a la libertad de expresión, la Corte sostuvo que las restricciones razonables que un club impone a la expresión de sus asociados están, en principio, amparadas por el derecho de asociación y resultan obligatorias por la adhesión voluntaria a los estatutos. En el caso, las expresiones sancionadas se consideraron faltas disciplinarias dentro de la relación asociativa, y la destitución, una responsabilidad ulterior razonable y proporcionada.

La línea tiene antecedentes en la vertiente negativa de la libertad de asociación. En la T-374 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte protegió a un asociado al que una cooperativa le negaba el retiro e inaplicó la cláusula estatutaria que lo impedía: los estatutos de una entidad privada también están sometidos a la Constitución.

Normas aplicadas

• Constitución Política, arts. 20, 29 y 38
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13
• Decreto 2591 de 1991

Cómo razonó

Por tratarse de una tutela contra providencias judiciales, la Corte verificó los requisitos generales de procedencia y examinó las causales específicas alegadas: violación directa de la Constitución, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

En el fondo, el análisis consistió en una ponderación entre la libertad de expresión del asociado y el derecho de asociación del club. El parámetro fue el de responsabilidad ulterior: la sanción por una expresión es admisible si está prevista, se impone con debido proceso y es razonable y proporcionada. La conclusión de que la destitución superaba ese examen llevó a descartar los defectos y a revocar el amparo.

Por qué importa

El caso tuvo amplia difusión pública por la notoriedad del socio sancionado. Además, la Corte Constitucional terminó revocando el amparo que habían concedido dos salas de la Corte Suprema de Justicia, lo que evidencia una diferencia de criterio entre altas cortes sobre el peso de la libertad de expresión dentro de una asociación privada.

La sentencia ofrece un estándar útil para cualquier club, gremio o entidad sin ánimo de lucro: la autonomía disciplinaria es real y se presume legítima cuando las restricciones son razonables, pero su validez depende del cumplimiento del debido proceso y de la proporcionalidad de la sanción.

Queda abierta la discusión sobre hasta dónde puede una asociación sancionar las críticas públicas de sus miembros a la propia entidad. La respuesta depende de la tipicidad de la falta, del procedimiento seguido y de la intensidad de la sanción.

Qué hacer hoy

• Para clubes, gremios y ESAL: los estatutos y reglamentos deben describir con claridad las faltas y las sanciones, y prever un procedimiento con notificación de cargos, acceso a las pruebas, descargos, decisión motivada y recursos.
• La sanción debe ser proporcional a la gravedad de la conducta. La expulsión o destitución, por ser la medida más intensa, exige una motivación especialmente cuidadosa.
• Para asociados: la adhesión a los estatutos implica aceptar restricciones razonables, incluso sobre ciertas expresiones dentro de la relación asociativa. Esas restricciones, sin embargo, son controlables judicialmente.
• La vía ordinaria de control es la impugnación de los actos de la junta o la asamblea ante el juez civil. La tutela contra la sentencia que resuelve esa impugnación es excepcional y exige demostrar un defecto específico.

En palabras de la sentencia

«es amplia pero no absoluta; esta facultad está limitada por el principio de eficacia horizontal de los derechos fundamentales»

Voz de la Corte, sobre la potestad disciplinaria de los clubes privados

«la sanción de destitución constituyó una forma de responsabilidad ulterior razonable y proporcionada»

Voz de la Corte, al valorar la sanción impuesta al socio

Análisis informativo elaborado a partir del texto publicado por la corporación. No reemplaza la lectura integral de la providencia ni la revisión de su caso concreto, y las normas citadas pueden haber cambiado después de la decisión.