Unimetro: anulada la remoción del rector, sin efecto sobre el nombramiento posterior

Hechos

La Universidad Metropolitana de Barranquilla es una institución de educación superior de carácter privado. La Fundación Acosta Bendek designa a tres de los seis miembros principales de su Consejo Directivo. Según los demandantes, la reforma estatutaria de esa fundación de 2016 tuvo el carácter de una «toma hostil».

El 1 de julio de 2016 el Consejo Directivo se reunió en una residencia particular, sin convocatoria previa y fuera de la sede institucional. En esa sesión (Acta 112) removió al rector y designó a un reemplazo. Los demandantes cuestionaron también el quórum, porque uno de los asistentes actuó en representación de la Arquidiócesis sin designación del arzobispo.

El exrector y otra demandante pidieron la nulidad absoluta de lo decidido. Alegaron como causas principales el desconocimiento de los estatutos sobre lugar, clase de reunión y convocatoria, la falta de quórum y la causa y el objeto ilícitos. Como consecuencia, pidieron dejar sin efecto las decisiones y ordenar al Ministerio de Educación Nacional cancelar la inscripción del rector designado. En subsidio, pidieron la ineficacia.

El Juzgado 16 Civil del Circuito de Barranquilla (7 de mayo de 2018) declaró la nulidad absoluta y ordenó cancelar la inscripción. El Tribunal Superior de Barranquilla (21 de mayo de 2019) mantuvo la nulidad de la remoción y del nombramiento del reemplazo, con salvedad de los derechos de terceros, pero revocó la orden de cancelar el registro. Para entonces, el 5 de diciembre de 2016, el Consejo ya había designado a otro rector, y esa designación no fue impugnada en el proceso.

Problema jurídico

1. ¿Incurrió el Tribunal en incongruencia por mínima petita al no estudiar las pretensiones principales de nulidad por falta de quórum y por causa y objeto ilícitos?
2. ¿Cometió el Tribunal un error de hecho, al interpretar la demanda o al valorar los documentos del Ministerio de Educación, cuando negó la cancelación del registro de los rectores designados después de la reunión anulada?

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla y condenó en costas a los recurrentes, con agencias en derecho de $6.000.000.

Quedó en firme, por tanto, la nulidad de la remoción del exrector y de la designación de su reemplazo, sin orden de cancelación del registro ante el Ministerio de Educación Nacional.

Fundamentos

El Tribunal leyó la demanda con una pretensión principal (la violación de los estatutos sobre lugar, clase de reunión y convocatoria) y las demás como subsidiarias. Encontró probada la primera, consideró que esa conclusión bastaba para mantener la nulidad de lo decidido y, por eso, no estudió las restantes causales.

La Corte descartó la incongruencia. El Tribunal había fijado de manera expresa un orden de estudio y no omitió las pretensiones: las consideró subsidiarias. Además, las demás pretensiones principales perseguían las mismas consecuencias, y el Tribunal las analizó al resolver la primera. Si hubiera existido un error al interpretar la demanda, sería un error de juicio (causal primera) y no un vicio de procedimiento.

Frente al registro, el Tribunal razonó que la inscripción ante el Ministerio no es constitutiva: no confiere la calidad de rector, sino que reconoce un nombramiento hecho por la universidad. Señaló que borrar la inscripción de quien ejerció el cargo cerca de seis meses afectaría los registros académicos y los derechos de los estudiantes. Añadió que cancelar las inscripciones posteriores exigía anular primero las decisiones posteriores del Consejo, y que la designación del 5 de diciembre de 2016 no fue cuestionada.

La Corte no adoptó como propias esas consideraciones del Tribunal; examinó si el ataque las derrumbaba. Concluyó que la pretensión de cancelar el registro era clara, de modo que no había nada que interpretar. La extensión de esa orden a los rectores posteriores se planteó solo como solicitud de adición. El recurrente no atacó directamente las razones del Tribunal (la autonomía del Consejo, la designación posterior no impugnada). Las conclusiones del Tribunal tampoco se apoyaban en los documentos del Ministerio que se decían tergiversados, así que no hubo un error de hecho manifiesto.

Para sustentar estas conclusiones, la Sala citó, entre otros, SC1806-2015 (reiterada en SC17723-2016) sobre congruencia; la sentencia de 3 de noviembre de 2010 (radicado 2000-03315) sobre la distinción entre errores de juicio y de procedimiento; y SC10298-2014 y SC5474-2017 sobre el error de hecho en la interpretación de la demanda.

Normas aplicadas

• Código General del Proceso, arts. 82, 88, 281 y 336
• Código Civil, arts. 1740, 1741, 1742 y 1746
• Decreto Ley 2150 de 1995, arts. 62, 63 y 65
• Decreto 1075 de 2015

Cómo razonó

El razonamiento se apoya en el principio de congruencia y en las reglas de interpretación de la demanda. Para la Corte, el juez solo interpreta la demanda cuando es oscura o ambigua; si es clara, debe atenerse a ella. Y si acoge una pretensión principal suficiente, no está obligado a agotar las subsidiarias.

En el plano probatorio, la Sala aplica el estándar del error de hecho manifiesto: la conclusión del Tribunal solo cae si se demuestra que proviene de una lectura evidentemente equivocada de una prueba concreta. Como las razones sobre el registro no dependían de los documentos señalados, el ataque no tenía incidencia.

El fallo deja ver, además, el peso de los actos posteriores no impugnados. La nulidad declarada no se extendió automáticamente a la designación del 5 de diciembre de 2016, que permaneció como acto autónomo del órgano competente.

Por qué importa

El caso hace parte de la disputa judicial por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Muestra que los vicios de convocatoria y de lugar de la reunión pueden llevar a la nulidad de decisiones de los órganos de gobierno de una institución privada.

Muestra también el límite práctico de una sentencia favorable. La nulidad de la remoción no produjo el regreso del exrector, porque el nombramiento posterior no fue objeto del proceso y el registro ante el Ministerio no se canceló.

Para las entidades sin ánimo de lucro y demás personas jurídicas de derecho privado, el fallo es una referencia sobre cómo se litiga la impugnación de decisiones de sus órganos directivos y sobre el alcance de las órdenes que pueden pedirse al juez.

Qué hacer hoy

• Para la entidad: cumpla estrictamente las reglas estatutarias sobre convocatoria, lugar y clase de reunión, y documente su cumplimiento. Una reunión irregular expone sus decisiones a la nulidad.
• Para quien impugna: además de la decisión inicial, evalúe y ataque en tiempo los actos posteriores que consolidan la situación. El artículo 382 del CGP fija un término de dos meses desde la fecha del acto, o desde su inscripción si está sujeto a registro, so pena de caducidad.
• Formule las pretensiones con orden y técnica: indique cuáles son principales y cuáles subsidiarias, y pida de manera expresa y oportuna las órdenes consecuenciales frente a terceros y autoridades.
• No dé por hecho que la nulidad de un nombramiento conlleva la cancelación automática de su registro administrativo, ni que borra los efectos de lo actuado mientras la persona ejerció el cargo.

En palabras de la sentencia

«si los hechos y pretensiones son claros, no hay razón que justifique una intervención del fallador en ese sentido.»

Voz de la Corte, sobre cuándo debe interpretarse la demanda

«la inexistencia de un yerro in procedendo en la modalidad de incongruencia por mínima petita»

Voz de la Corte, al resolver el cargo por incongruencia

Análisis informativo elaborado a partir del texto publicado por la corporación. No reemplaza la lectura integral de la providencia ni la revisión de su caso concreto, y las normas citadas pueden haber cambiado después de la decisión.